Club de Fútbol UCR dejaría de existir para pasar a Belén

La Universidad de Costa Rica decidió no renovar el convenio con el Club de Fútbol desde agosto del 2018.

Pocos días después de que la Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol de la Universidad de Costa Rica consiguió salvarse deportivamente del descenso a la Segunda División, el gerente del club, Olman Vega, a finales de abril planteó, en una entrevista al programa “Encuentro Deportivo”, la posibilidad de llevarse la franquicia a la ciudad de Belén.

La franquicia universitaria podría tomar entonces el nombre Atlético Belén o Belén FC, el último nombre que tenía el representativo de ese cantón herediano antes de que su franquicia original fuera vendida a un grupo de inversionistas mexicanos que la trasladaron a Goicoechea y le pusieron Guadalupe FC.

Las justificaciones que Vega dio para mover la franquicia de Montes de Oca a Belén fueron su buena relación con el presidente del Comité de Deportes de Belén, Juan Manuel González, y que el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, rechazó renovar el convenio de cooperación que había entre club e institución educativa más allá de agosto de 2018, mes en el que se venció el anterior.

En un principio, Jensen pretendía terminar el acuerdo a partir de julio de 2017 ante la llegada de la compañía colombiana GO SAS o Con Talla Mundial a la administración del club sin previo aviso a la institución, además de supuestos incumplimientos no subsanados en los controles administrativos, financieros y contables del equipo.

Sin embargo, una medida cautelar solicitada por la junta directiva del equipo anterior y la compañía inversionista ante los Tribunales de Goicoechea pospuso esa decisión y forzó a la universidad a seguir con el convenio hasta su término. Además, en los presupuestos de 2018 y 2019 entregados a la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) de la Universidad de Costa Rica, se incluyeron partidas de 273 y 293 millones, respectivamente, para transferencias al club.

Pese a que Vega no es un miembro de la junta directiva de esta entidad, sí posee todos los poderes administrativos y deportivos sobre ella, según explicó en otra entrevista brindada al diario La República a principios de enero de este año. Allí confesó que esa fue la única condición que pidió para aceptar gerenciar el club a finales de octubre de 2018, cuando el presidente de Con Talla Mundial, Jorge Bermúdez, lo buscó para evitar el descenso del club. “Todo lo controlo, ahí está la clave, no puedo cuando 11 directivos mandan”.

Sin embargo, Vega aclaró que el nombre de la asociación universitaria solo se conservará para fines jurídicos, pero empleará un nombre de fantasía distinto con el cual jugar, y se encargará de cambiar colores, emblemas y domicilios, aspectos que, según el artículo 7 de la Ley de Asociaciones y el 13 del Reglamento a esta ley, es perfectamente legal.

Debe tomarse en cuenta que el club es una entidad privada y, por lo tanto, responsable de su gestión en todos los planos, según un oficio dado a conocer por la Oficina de Divulgación e Información de la UCR. Esto incluye la posibilidad de elegir su modelo de administración y gestión deportiva, financiera y legal.

Por último, si bien jugaba sus partidos en los estadios Eladio Rosabal Cordero de Heredia o Jorge Hernán “Cuty” Monge de Desamparados, el club pudo hacer algunos de sus entrenamientos en infraestructura universitaria, tanto en la cancha sintética de las Instalaciones Deportivas como en la Cancha de Derecho, ubicada entre esta facultad y la biblioteca Luis Demetrio Tinoco. Eso sí, desde agosto de 2018 debieron desalojar su última oficina, ubicada junto con dependencias universitarias como el Centro Centroamericano de Población (CCP), Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y Comunicación.

“Fondos no se giraron”

UNIVERSIDAD buscó las reacciones de las autoridades universitarias respecto de este tema y los pasos por realizar a partir de esa resolución.

La Jefa administrativa de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Ruth Mora, negó que los ₡293 millones señalados en el presupuesto de la Oplau para 2019 fueran efectivamente girados al club, y adujo que esto era parte de las previsiones presupuestarias a la hora de elaborarlo.

“Recuerde que en mayo se hace el plan de presupuesto, entonces se incluyó esta partida como manera de previsión en caso de que el convenio continuara. Pero cuando don Henning envió en agosto (de 2018) el oficio de que no se iba a renovar el convenio, entonces este dinero no se le giró al club y sigue en manos de la Universidad”.

Consultada sobre si esto iba a repercutir en solicitar la suspensión de las medidas cautelares y el reembolso de los fondos que se hubieran girado por el convenio no prorrogado, declinó referirse a este tema y lo remitió a la asesoría legal de la Rectoría.

Explicó, además, que su dependencia tan solo era fiscalizadora de que todo estuviera en regla antes de girarles dinero. “Nosotros como Vicerrectoría le seguíamos el pulso al convenio mientras estuvo vigente, verificábamos que cumplieran con todos los requisitos que les solicitábamos, que nos mostraran las cuentas, qué hacían con los recursos que se les giraban, que si hacían las mejoras, y les prestábamos las Instalaciones Deportivas (a través de la Oficina de Bienestar y Salud). Pero lo legal y ese otro tema de la asignación o no de los recursos financieros es con Rectoría, no tengo la competencia para tocar ese  tema porque no soy abogada, soy administrativa”.

Se intentó contactar al Departamento Legal de la Rectoría sobre los pasos por realizar; sin embargo, la encargada de convenios, Jessica Arroyo, indicó que buscaría ayuda con la Oficina de Asuntos Jurídicos, e intentaría consultarle al asesor legal, Jeffrey Chinchilla, con este fin, y que en el momento en que obtuviera respuesta devolvería la llamada, lo cual al cierre de edición no sucedió.


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