Caso Aldesa: Tratar de ocultar el sol con un dedo

La experiencia es la peor maestra, porque primero hace el examen y después da la lección. Ese es el caso de los inversionistas afectados por Aldesa

La experiencia es la peor maestra, porque primero hace el examen y después da la lección. Ese es el caso de los inversionistas afectados por Aldesa Corporación de Inversiones y sus subsidiarias (reguladas o no), con el beneplácito e indiferencia de nuestras autoridades.

Como abogado y esposo de una inversionista del fallido desarrollo turístico Monte del Barco, (que hoy naufraga con el remate de sus propiedades en Papagayo), la principal lección y decepción ha sido que el sistema funciona en contra del inversionista. No solo hay que ser “inversionista sofisticado”, sino también “denunciante aguerrido y sofisticado”. De nada sirven las leyes si no tenemos funcionarios públicos comprometidos en cumplirlas. En este caso, me refiero a la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y el Ministerio Público, quienes han ignorado reiteradamente al inversionista, como mostraré.

A finales de 2011, cuando apenas empezaba a entender la forma fraudulenta en que venía siendo administrado Monte del Barco desde 2005, me acerqué a denunciar ante el Ministerio Público. La respuesta, con total indiferencia, fue que no iban a hacerle una auditoría a Aldesa: “Usted está por su cuenta, porque nosotros no vamos a investigar”, aunque esa es la primera función del Ministerio Público.

Una vez interpuesta la denuncia no se nos llamó para entrevistarnos, ni para orientar la investigación. Por el contrario, sí se reunió con Javier Chaves, presidente de Aldesa y principal denunciado, junto con las auditoras contables del Organismo de Investigación Judicial, para que “explicara ampliamente su versión”. No quedó ningún registro de esa declaración, más que el acta de que esa reunión se dio.

Similar sucedió con los peritos de ingeniería forense que visitaron el proyecto, donde tampoco se dio participación a los inversionistas, pero sí a Chaves y su abogado, esposo de la fiscala general Emilia Navas. Corolario obligado es que los dos informes del Organismo de Investigación Judicial (contable e ingenieril) reflejaban la versión (¿cuento?) del señor Chaves.

Como si fuera poco, una vez que el Ministerio Público recibió de Aldesa la prueba que esta quiso dar, negó el acceso a las víctimas denunciantes. Finalmente, en forma apresurada, el Ministerio Público intentó acabar el proceso sin acusación en tres ocasiones (sobreseimientos) sin siquiera recabar la prueba. A este momento, la prueba aún no ha sido recabada y el caso está paralizado, por lo que se ha presentado una denuncia por incumplimiento de deberes contra los fiscales.

Similar sucedió con la Sugeval, que recibió denuncias sobre el proyecto desde 2009, y las rechazó todas sin informar en ningún momento al público la existencia de estas. En 2011, junto con otros inversionistas, denuncié ante Sugeval las irregularidades y falta de información. Más de cinco años y medio después, sin informar al público y sin entrevistar a los denunciantes, la Sugeval inició una “investigación preliminar” en julio 2017, que culminó en una desestimación.

Ante recursos del infrascrito, en enero 2018, la Sugeval inició otra investigación contra Aldesa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. En enero 2019, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acogió la apelación y amplió los puntos a investigar. En ningún momento se informó al público, a pesar de que la Sugeval está obligada a suministrar la más amplia información sobre los sujetos fiscalizados y la situación del mercado de valores, según el inciso o) del artículo 8 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.

Mientras tanto, el 8 de marzo de 2019, Aldesa Corporación de Inversiones solicitó una Administración por Intervención Judicial, después de captar más de $200 millones de más de 550 inversionistas. Los inversionistas, incautos mal informados y desinformados, confiaron sus recursos a Aldesa, ignorantes de las denuncias, puesto que se han tramitado con absoluto tortuguismo, obstruccionismo y secretismo.

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