Los ocho días de huelga protagonizados por los sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) terminaron por doblarle el brazo al Gobierno y ahora el tema de las anualidades y pluses salariales deberá resolverse en los tribunales.
Luego de 41 horas de negociación, más de 80 mil citas de consulta externa y 3 mil cirugías suspendidas, y dos muertes aún en investigación que se achacan al movimiento, el Gobierno y las autoridades de la Caja comunicaron la finalización de la huelga. ¿Cuál fue el acuerdo?
Los sindicatos decidieron culminar la huelga siempre y cuando se les respetara un acuerdo firmado entre la dirigencia de la Caja y los sindicatos el pasado 20 de febrero, antes de que el Gobierno sacara un decreto en mayo que cambiaba sustancialmente las cosas para los empleados de la institución.
El Gobierno accedió; sin embargo, será en los estrados judiciales que se resuelvan los puntos 1.1 titulado “Anualidades” y el párrafo del numeral 2.1 titulado “Incentivos, complementos, sobresueldos y pluses”.
De acuerdo con el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, las partes encontraron puntos en común en trece de los quince acuerdos; sin embargo, no lo lograron en cuanto a lo relacionado con las anualidades y los pluses salariales.
El acuerdo firmado en febrero subraya que las anualidades acumuladas por las personas trabajadoras a la fecha de publicación de la Ley 9.635 se respetarán en su forma de cálculo y se continuarán reconociendo y remunerando de acuerdo con el porcentaje establecido para cada puesto.
Además, señala que en el caso de ascensos, descensos, permutas o cualquier cambio puesto, las anualidades acumuladas a la entrada de vigencia de la Ley, se continuarán remunerando porcentualmente, conforme al puesto que ocupe el funcionario.
En cuanto a los pluses salariales, el acuerdo menciona que los incentivos, sobresueldos y pluses salariales que actualmente están definidos en términos o valores porcentuales, devengados por las personas trabajadoras a la fecha de entrada en vigencia de la ley, se mantendrá y respetará su forma de cálculo y pago.
Por estas diferencias, las autoridades de la CCSS solicitaron a los Tribunales una declaración de lesividad que permita la nulidad del acuerdo suscrito el 20 de febrero.
La declaración de lesividad es un acto administrativo por el cual una entidad considera dañino para los intereses públicos o generales un acto previamente dictado por ella misma, que es favorable a los interesados. Esto con el fin de solicitar su anulación ante la justicia.
Judicializar estos puntos y mantener vigente el acuerdo mientras los Tribunales dicten quién tiene la razón fue la única medida aprobada por los sindicatos. El viernes pasado, el Gobierno y la dirigencia de la CCSS plantearon un arbitraje; sin embargo, no contaron con la anuencia del sector sindical.
De acuerdo con el abogado laboralista, Marcos Amador, este proceso judicial podría tardar hasta cuatro años en los Tribunales.
“El proceso depende de la cantidad de expedientes que tenga el Juzgado. Los jueces no tienen un tiempo determinado para sacar un proceso. Si bien es cierto, la ley muchas veces determina los tiempos; sin embargo, estos no son aplicables para los jueces”, señaló Amador.
“No hay una certeza jurídica en los términos y tiempos en que se proyecta una resolución judicial. Dicho eso, entonces estamos en presencia de una incerteza que podría entonces llevar al Estado cada vez a verse menoscabado en la cantidad de dinero, porque mientras que sea de conformidad con el acuerdo de ayer, mientras que no haya un acuerdo judicial, pues prevalece lo que en este momento existe”, agregó.
El decreto de mayo del Ejecutivo estableció nuevas disposiciones en lo referente al incentivo de anualidad y la conversión de incentivos a montos nominales fijos, tanto los ya recibidos previo a la vigencia de la citada Ley, como los que se adquieran posterior a su vigencia. Esto quiere decir que la ley se aplicaría de forma retroactiva y los trabajadores verían disminuidos los montos de sus anualidades acumuladas hasta el momento.
Según Amador, este decreto no está apegado a la Constitución Política ya que una ley no se puede aplicar de manera retroactiva si afecta al trabajador.
“Siempre la retroactividad se aplica si favorece al trabajador, pero no al contrario. Usted puede aplicar retroactividad en una ley siempre y cuando sea favorable para el trabajador, pero si es en perjuicio de él no puede aplicarse. El decreto de mayo, a mí me parece que roza con la Constitución por el principio de retroactividad de la ley”, señaló el laboralista.
Derrota
En días pasados, el presidente de la República, Carlos Alvarado, lamentó los efectos de la huelga e indicó que el Gobierno está dispuesto a negociar con los sindicatos pero que “lo que es ley de la República debe ser respetado”. Sin embargo, en la práctica todo fue diferente y ni la participación del ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y del de Trabajo, Steven Núñez, hicieron que los sindicatos se echaran para atrás con sus demandas.
Para el analista político, Gustavo Araya, el resultado de la negociación entre los sindicatos, la dirigencia de la CCSS y el Gobierno es una derrota para este último, que, teniendo todos los elementos jurídicos, económicos y políticos para rechazar las demandas, cede ante los sindicatos.
“Desgraciadamente se cede, no se debió haber cedido. Era una negociación que en la mayoría de puntos era un no de parte del Gobierno, simplemente por un asunto de principio de realidad tanto en lo económico como en lo jurídico y político. No sé si el Gobierno en aras de no recalentar o sobredimensionar y seguir perjudicando a la población cede a las presiones sindicales y efectivamente esto se convierte en una derrota para el Gobierno”, argumentó Araya.
“Evidentemente aquí sale por dentro la CCSS en términos económicos y el presidente ejecutivo, porque era elemento principal de la negociación y no logra soportarla. Esto va a seguir, la CCSS es un punto de una estrategia de desestabilización de la institucionalidad por parte del sector sindical, especialmente de la ANEP”, agregó.
El analista considera que el Gobierno pudo brindarle mayor colaboración al presidente ejecutivo de la Caja. Además se tuvo que haber denunciado las consecuencias de la huelga.
“No tiene por qué jugarse con la salud de la población y eso había que denunciarlo tal cual. Cualquier cosa que suceda no puede interrumpir los servicios de salud. No había forma mediante la cual racionalmente las propuestas del sector sindical se hicieran valer. Sin embargo, la realidad siempre supera la excepción. Podían hacerse muchísimas cosas más, precisamente trayendo más jugadores a la mesa y dándole más soporte a don Román Macaya y ocuparse de atender el problema principal que no es la huelga sino las consecuencias que esto traía”, finalizó.
Celebración
El acuerdo con el Gobierno provocó la celebración de los sindicatos, quienes se empezaron a reincorporar a sus puestos de trabajo a partir del martes en la mañana.
Luego del acuerdo entre las partes y el anuncio de finalización de la huelga, la secretaria general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Martha Rodríguez, señaló que los intereses de los trabajadores prevalecieron, por lo tanto el acuerdo fue satisfactorio.
Por su parte, el presidente de la Unión Médica Nacional, Edwin Solano, destacó que se siente seguro de que los Tribunales darán el fallo a favor de los sindicatos.
“Este es un país de derecho. La Ley 9.635 es una ley, nosotros negociamos alrededor de esta ley y el decreto. Se judicializa, se llevan a los Tribunales de Justicia y estamos seguros de que ellos van a definir que se respeten los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas”, destacó Solano.
El ministro de la Presidencia, Víctor Morales, se unió a la celebración y señaló que el acuerdo final no significa aumentos salariales ni nuevos beneficios a los empleados de la Caja.
La huelga en los servicios médicos de la CCSS golpeó a los asegurados. Ahora, la institución tiene el deber de reprogramar las citas y cirugías suspendidas, las cuales se adhieren a las grandes listas de espera que de por sí tiene la Caja.
Algunos puntos del acuerdo para levantar la huelga
-La Caja acudirá ante los Tribunales para interponer un proceso de lesividad relacionado con el numeral 1.1 titulado “Anualidades” y el párrafo del numeral 2.2 titulado “Incentivos, complementos, sobresueldos y pluses” del Acta de Acuerdos firmada entre las autoridades de la Caja y los representantes sindicales en febrero anterior.
-Se mantendrán en vigencia los efectos de los acuerdos 1.1 y 2.1 del acta del 20 de febrero, hasta que los Tribunales emitan una sentencia judicial en firme.
-La Presidencia Ejecutiva hace constar que ha trabajado en conjunto con el Poder Ejecutivo en la redacción de un proyecto para que la institución mantenga el pago de salarios de forma bisemanal. El Gobierno se compromete a presentar la iniciativa en este período de sesiones extraordinarias en el Congreso.
-Las autoridades de la Caja y los sindicatos coinciden en que la aplicación de la Reforma Fiscal, conforme lo resuelto por la Sala Constitucional, no alcanza ninguna de las partidas presupuestarias de la institución.
-Las partes convienen reactivar la discusión sobre la cesantía con los ministerios de Planificación y Trabajo en procura de una resolución definitiva en un plazo de 30 días.
-Las partes se comprometieron a instaurar una mesa de trabajo para valorar una reforma al Reglamento de Contratación de Servicios a Terceros.
-Se realizará un estudio integral de puestos y salarios, cuyo resultado será puesto en conocimiento de la Junta Directiva en el primer semestre de 2021. En cada una de las etapas de este proceso tendrán participación los sindicatos.
-Se constituirá una comisión ad hoc con el fin de evaluar la sostenibilidad del Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta comisión estará integrada por tres representantes de los sindicatos y tres representantes institucionales.
-El ajuste salarial correspondiente al primer semestre de 2019, junto con el pago retroactivo acumulado, se harán efectivos a más tardar en la primera bisemana de octubre del presente año.
-Se someterá a mediación del Ministerio de Trabajo los procedimientos administrativos disciplinarios que se instruyeron contra trabajadores por su participación en la huelga contra la ahora Ley 9.635.
-La CCSS no ejercerá ningún tipo de sanción o represalia contra los dirigentes sindicales y trabajadores por su participación en este movimiento.
-A aquellos funcionarios interinos que participaron en la huelga y que resultaron afectados por otros nombramientos interinos durante el movimiento, se les subsanará cualquier afectación y se les garantizará la continuidad en sus nombramientos interinos.
-Los sindicatos se comprometen a suspender el movimiento y a que los trabajadores se reincorporen a sus labores en un plazo máximo de 24 horas.
Entrevista con el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya
“Esta huelga no se terminó otorgando un nuevo plus”
La huelga en el sector salud tuvo grandes repercusiones para la seguridad social. El presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, asegura que los empleados colaborarán para depurar las listas de espera.
Macaya afirmó que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se está aplicando en la Caja; sin embargo, las disposiciones se implementan en tiempos diferentes y algunas ni siquiera dependen de la institución.
Don Román, usted habló que solo dos puntos se iban a judicializar. ¿Por qué no encontraron acuerdo en esos puntos referentes a los pluses salariales y las anualidades?
—La ley sale publicada el 4 de diciembre y aplica de inmediato. No hay transitorio. La CCSS se vuelve la primera institución en aplicar la ley con la publicación interna de una circular del 10 de diciembre que establecía lo que podíamos interpretar de la ley. Nosotros no somos autónomos en empleo público, tenemos que acatar. Esto se estaba haciendo a raíz de la ley. No existía el 10 de diciembre el reglamento de la ley. El reglamento de la ley sale vía decreto en febrero. Cuando sale el decreto, nos sentamos con sindicatos a analizar punto por punto cómo se interpreta cada elemento. Donde había coincidencia se plasmaba en un punto en el documento y donde no se veía forma de abordarlo. En el tema de anualidades y pluses la ley dice que se respetarán los derechos adquiridos y no especifica más que eso, pero en el decreto que salió en febrero decía que se respetarán los derechos adquiridos y las formas en que fueron generados. Esto se genera por un porcentaje que se aplica al salario base. El 22 de mayo se publica un segundo reglamento a la misma ley donde dice que las viejas anualidades se nominalizan y ahí quedan. Incluso, después salió un tercer decreto el 31 de julio que le da un trato diferente a las anualidades nominalizadas anteriores a la publicación de la ley. Esto ha sido una regulación dinámica que ha ido evolucionando la normativa. Esto generó la disputa con el sector sindical sobre el acuerdo de febrero, sobre si eso es un derecho adquirido o no.
Luego de esta decisión, ¿usted podría afirmar que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se está aplicando en la Caja?
—Totalmente. Tenemos diferentes tiempos. Tenemos lo que se puede implementar de inmediato como reducción de cesantías, el impuesto al salario, dedicación exclusiva, prohibición del ejercicio liberal de la profesión, etc. Todas esas cosas se están aplicando y el sistema se está ajustando para ir aplicando la totalidad de los elementos de la reforma. Por ejemplo, el salario bisemanal es de las cosas más difíciles de implementar por el sistema y no tiene ningún impacto fiscal. Por eso es que uno de los puntos que estamos acordando por interés de ambas partes, es que vamos a presentar un proyecto de ley. Pero nosotros en todo momento estamos aplicando -en la medida de lo posible- la normativa de la ley 9.635. Hay disposiciones que la Caja implementó de inmediato.
¿Ustedes son conscientes de que el proceso judicial podría tardar muchos años?
—Nosotros seremos lo más diligentes posibles pero sabemos que la justicia tiene su ritmo; sin embargo, encontramos que esta era la manera de usar la institucionalidad judicial del país para resolver un conflicto laboral. Esta huelga no se terminó otorgando un nuevo plus o un nuevo invento que a veces se han utilizado en el pasado para terminar huelgas.
Al final, ¿cuál fue la afectación tras los ocho días de huelga?
—Más o menos 80 mil citas de consulta externa, 15 mil procedimientos y 3 mil cirugías suspendidas.
Estos casos se adhieren a las listas de espera de cirugías. ¿Cuánto podría tardar la Caja en resolver esta situación?
—Es un trabajo de hormiga pero tenemos 140 programas en operación en este momento para reducir los tiempos de espera independientemente de la huelga. Simplemente como una meta institucional de reducir los tiempos de espera de cada usuario.
¿Pero tiene idea de cuánto tiempo podría tardar?
—La CCSS más o menos realiza 30 mil citas de consulta externa por día. Entonces eso lo vamos a recuperar relativamente rápido. Las cirugías si son más lentas porque ahí hay que preparar los equipos quirúrgicos y programar las cirugías en un momento en que estamos haciendo un gran esfuerzo por reducir las listas de espera. Lo bueno es que ya venimos haciendo esfuerzos en este tema. Ya estamos aprovechando horario extraordinario, jornadas de producción y jornadas de alto impacto. Obviamente, la huelga genera más pacientes que le caen encima a las listas pero ya estamos en ese esfuerzo.
Incluso para depurar las listas de espera se les va a pagar horas extra a los empleados que estuvieron en huelga…
—Esa es una de las ironías de la vida. La gente hace un gran esfuerzo, pero el esfuerzo no es gratis. Contamos con toda la contribución de todo el personal de ser lo más productivo posible y hacer lo necesario por sacar estas cirugías de pacientes que quedan por reprogramar. Los tiempos dependen de la especialidad.
¿Cuánto dinero del fondo de emergencias se ha utilizado en esta huelga?
—Ese dato aún no lo tenemos. Yo creo que lo más importante es que esta huelga tenía otro matiz a la huelga de setiembre del año pasado. A pesar de que la de setiembre duró un mes y esta solo una semana, el impacto tanto en su profundidad como en velocidad fue mucho mayor en esta. En esta los especialistas se sumaron a la huelga y eso es como si los pilotos de una aerolínea no estén volando. Usted puede tener a todo el otro personal pero si los pilotos no están volando, el avión se queda en tierra. Los especialistas se sumaron a la huelga en mayores porcentajes que la huelga que duró un mes entero el año pasado. Estábamos sufriendo las secuelas mucho más rápido en esta huelga y por eso había que poner un fin.
