Un informe elaborado por la Presidencia Ejecutiva basado en la Auditoría Externa de Deloitte confirmó además que la deuda estatal con la CCSS continúa sin ser conciliada con el Ministerio de Hacienda, lo que incluso pone “en duda su cobrabilidad”.
Consultados sobre este asunto, la Rectoría de Universidad de Costa Rica indicó que solicitó a la Oficina de Contraloría Universitaria realizar la investigación preliminar correspondiente. Agregaron, además, que mientras esta se realiza la vicerrectora, María Laura Arias, se mantendrá en el cargo.
Para salir adelante durante los dos últimos meses, la Junta Administrativa del Colegio tuvo que echar mano del superávit, para así mantener el servicio educativo y pagar el mes de enero a los funcionarios. Actualmente, al personal no se le ha pagado el salario escolar.
Los allanamientos se dieron en las oficinas de la CCSS, viviendas de funcionarios e instalaciones de proveedores de la institución, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.
De acuerdo con un oficio enviado por el Sindicato al rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez, el pasado 10 de febrero, la vicerrectora María Laura Arias, quien es miembro del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), y representante ante la Comisión Interinstitucional entre la CCSS, presentó una propuesta para modificar el ingreso a especialidades médicas, la cual incluye un cambio que presuntamente beneficiaría a su hijo, quién había participado en el concurso 2022-2023, sin superar la primera etapa.
De acuerdo con la CCSS esta cifra representa un aumento en estos casos.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, otras 18.000 dosis bivalentes para adulto y 48.000 pediátricas ingresarán al país en las próximas semanas
De acuerdo con la CGR, el presupuesto del sector educativo para 2023 es de ¢2.781.003 millones, lo que equivale al 6,0% respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Ese monto representa un decrecimiento de 1,2% respecto al presupuesto inicial del 2022, cuando la cifra ascendió a ¢2.857.977 millones.
De acuerdo con la jerarca de Japdeva, se prevé que los estudios de prefactibilidad y factibilidad estén listos en agosto próximo
Se trata de Gustavo Picado, quien se ha desempeñado como gerente financiero en dos períodos: del año 2012 al 2018 y del 2021 hasta la fecha. El funcionario figura junto a otras 15 personas como imputado en la causa 12-000046-0615-PE por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública, por supuestamente causar una crisis financiera en la institución.
