Esta prueba llega luego de la aplicación de las FARO en 2021, las cuales estuvieron envueltas en la polémica debido a los cuestionarios de factores asociados. Su realización tampoco ha estado lejos de los reproches. En redes sociales, padres y maestros han alegando que son “improvisadas”, y que el MEP tiene un “desorden”.
El Ministerio de Salud, por su parte, informó este viernes también sobre una disminución en los casos, muertes y hospitalizaciones por COVID-19 en el país durante la última semana epidemiológica.
Este proyecto de ley que fue dictaminado positivamente el año anterior por la Comisión de Asuntos Sociales tiene por objetivo reducir el consumo y retrasar la edad de primer consumo de los mismos en niños y jóvenes.
El pasado miércoles, una comisión de diputados dictaminó afirmativamente un expediente de reforma legal que permite contratar a los profesionales en medicina con condiciones inferiores a las de los médicos del sector privado.
De acuerdo con las autoridades, el cantón más afectado es Pococí.
También fueron convocados por los legisladores la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la encargada del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, el fiscal general, y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ),
Solís reaccionó un día después de que el mandatario Rodrigo Chaves, quien recientemente fue demandado penalmente por incumplir con el deber de pagar la histórica deuda con la CCSS, pusiera en duda las acciones realizadas en Gobiernos anteriores para pagar a la seguridad social
El pasado 7 de marzo, el ministro Acosta reconoció ante la Comisión de Hacendarios que los pagos que el Gobierno adeuda a la Caja son una obligación; pero dijo que aún así no piensan girar los casi ¢26.000 millones que los diputados aprobaron el año pasado para el Presupuesto 2023.
Las declaraciones de Chaves se dan un día después de que el Siname interpusiera una denuncia penal contra el mandatario, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y la presidenta ejecutiva de la CCSSS, Marta Esquivel, “por incumplir con la obligación que les establece la Ley para pagar la deuda histórica que el Estado tiene con la institución”.
“La CCSS no tiene deudas, tiene presupuesto sin deudas, un presupuesto que ha sido aprobado por la Contraloría General de la República, validado por la Auditoría Interna, ha sido un presupuesto equilibrado y sano, y además tiene un superávit. Si una empresa no tiene deudas, tiene un presupuesto de este tamaño, y un superávit, está lo más lejos que se puede pensar de una quiebra o crisis”, mencionó José Luis Loría
