Hasta finales de febrero de este año, esta deuda ascendía a los ₡3 billones. Para Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la institución, la probabilidad de que el Gobierno continúe sin pagar es “extremadamente alta”.
La CGR reveló también que la inversión anual por estudiante en estos centros educativos es de aproximadamente ₡2,0 millones; mientras que, en el caso contrario, en las escuelas no unidocentes es de un poco más de ₡1,2 millones.
Se trata del gerente de Infraestructura y Tecnología, Jorge Granados; la directora de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería (DAI), Gabriela Murillo; y el director a.i. de la Dirección de Administración de Proyectos Especiales (DAPE), Róger Valverde, quienes se encuentran relacionados con la compra del edificio Océano, ubicado en Sabana Norte. A ellos se suman el ingeniero Miguel Picado y la arquitecta de la institución también, Paquita González.
“Desde mi nombramiento han sido comunes y constantes las faltas de respeto tanto a nivel personal, como a mi condición profesional, faltas que han cometido la Presidenta y algunos de los miembros de este órgano desconcentrado, incompatibles con procesos de comunicación asertiva y de orden jerárquico, impropios de personas que ostentan tan altos cargos”, indicó Estíbaliz Pérez en su carta de renuncia dirigida al CSE.
De acuerdo con el sindicato, con estas pruebas se irrespetaron dimensiones técnico-científicas de la evaluación de los aprendizajes, lo que resulta “regresivo”.
La población podrá ver las sesiones en tiempo real a partir de la primera semana de agosto.
La decisión del MEP se dio luego de que padres de familia y estudiantes del CTP cerraran este miércoles por la mañana el paso por la ruta General Cañas, en las cercanías de las instalaciones de Repretel en La Uruca.
En el caso contrario, a nivel nacional, los estudiantes de las regiones San José Norte y Heredia tuvieron un mejor desempeño en las pruebas nacionales estandarizadas diagnósticas.
Encargados del proyecto señalan que existe una “subutilización” por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, pues actualmente cada hospital compra el servicio de PET-CT mediante licitación; es decir, no existe una compra centralizada. Desde finales de abril y hasta el 14 de julio, el Laboratorio ha atendido a 56 pacientes, de los cuales, 22 provenían de la CCSS.
El mandato constitucional ha sido incumplido durante los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado en los períodos 2014-2018, y 2018-2022. A ellos se suma la administración actual, la cual aprobó para 2023 el presupuesto más bajo en educación de los últimos nueve años, según la Contraloría General de la República.
