Pese a que las realidades de los países frente al COVID-19 es distinta, en otras latitudes se han dado ejemplos de negociaciones exitosas entre el Ejecutivo y diversos sectores, donde predomina la necesidad de un acuerdo social.
En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó el Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo, un pacto conjunto con sindicatos y empresarios, para acelerar la recuperación económica y la creación de empleo tras la crisis por el coronavirus.
Lea también
¿Le falta diálogo social al Presidente para responder a la crisis del COVID-19?
Entre las medidas acordadas están impulsar la reincorporación a las empresas de los trabajadores afectados por la COVID-19, impulsar la transición verde de todos los sectores, digitalizar la economía, apoyar el desarrollo de la economía social y el sistema de cuidados y reforzar los servicios públicos, especialmente sanitarios.
Además, el país europeo estableció un Ingreso Mínimo Vital, de forma permanente, según condición social, que beneficiará a 850 mil hogares, con ayudas desde los €462 euros, para un adulto que viva solo, hasta a los €1.015 euros para familias de dos adultos y tres o más niños o tres adultos y dos o más menores. Además, junto con representantes sindicales y empresariales se maneja una mesa para la creación social y la regulación temporal de empleo.
En Argentina, por ejemplo, se llegó a un acuerdo para regular de mejor forma el trabajo a distancia con los profesores, mientras que el presidente convocó a “acuerdo de unidad nacional”, donde participan activamente los grupos empresariales y sindicalistas para establecer un pacto social.
En Uruguay, tras varias negociaciones, el gabinete acordó con los sindicatos y los empresarios establecer un aumento salarial de entre un 3% y un 4%. Según las informaciones de medios uruguayos, los trabajadores cobrarán en enero de 2021 un ajuste del 3% con opción de diferirlo a abril si hay afectación del empleo, y de un 4% para los salarios más bajos.
Además, el partido de oposición Frente Amplio presentó una propuesta de 18 puntos para hacer frente a la situación que vive el país, en el ámbito sanitario y económico, buscando llegar a un plan nacional estratégico con el Gobierno.
Mientras que en Italia, la negociación entre sindicatos, empresas y Ejecutivo llevó a declarar la COVID-19 como “enfermedad laboral”. Además, el plan de reactivación económica incluye aportes de los tres sectores, para la toma de decisiones.
