En la acción, los grupos empresariales como la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) u Horizonte Positivo distan mucho de la tradicional relación que mantienen el Gobierno y las cámaras empresariales.
Mientras estas últimas negocian sus agendas políticas con tácticas de “choque” o posicionamiento, las otras tienen interés en incidir en problemáticas sociales.
“La discusión de la AED, desde el sector empresarial, se ve como una cuestión de ciudadanía corporativa o ciudadanía empresarial, que es cuestionarse un poco cuál es el rol que deberían jugar las empresas en temas de objetivos de desarrollo sostenible. Son grupos con muchos recursos económicos y es muy fácil reconvertir estos recursos económicos en recursos políticos para determinadas agendas ”, explicó a UNIVERSIDAD el sociólogo y profesor de la Universidad de Costa Rica Esteban Arias, quien investiga grupos de poder.
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Para el investigador “entre más desigual sea una sociedad en términos socioeconómicos, más frecuentes son ese tipo de alianzas y vínculos u oligocracias, en términos de Goran Therborn”.
Por ejemplo, en octubre de 2019, previo a la cumbre climática PreCOP25 que se realizó en el país, AED organizó una “Cena de Alto Nivel” donde se firmó un acuerdo empresarial para aumentar el compromiso con las políticas de cambio climático.
A este evento asistieron el presidente de la República, Carlos Alvarado; la primera dama, Claudia Dobles; el ministro con el sector privado, André Garnier; la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez; y el canciller Rodolfo Solano.
Del lado empresarial, 125 firmantes aseguraron “estar preparadas para acelerar soluciones que apoyen el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Acuerdo de París”.
Entre las empresas nombradas en el documento, aparecen dos: la empresa de vehículos Purdy Motor (durante los últimos dos años, es el segundo proveedor con más contratos adjudicados en el Sistema Integrado de Compras Públicas para vehículos del sector público) y el proyecto Península de Papagayo (un proyecto parte del Polo Turístico de Papagayo, en donde existen otras iniciativas, una de ellos relacionada con el Grupo Aldesa. Previamente, el Instituto Costarricense de Turismo ha advertido problemas de falta de agua para desarrollar hasta un tercio de las iniciativas).
De acuerdo con la forma en la que se gesten las ayudas estatales, también podría haber un interés “rentista”, menciona Arias.
“Normalmente se cree que organizaciones se interesan por el ámbito comercial, político y económico, en este caso de AED; también en el caso de Horizonte Positivo, el espectro de influencia de política empresarial se amplía hasta política social”, dijo Arias.
Según Arias, la incidencia empresarial puede “excluir” otras alternativas de política pública y sofocar a otras voces de la sociedad, como activistas, sindicalistas y otras agrupaciones de índole civil.
“Por ejemplo, la responsabilidad social empresarial sustituye una política fiscal progresiva y una política social fuerte, para mejorar las condiciones de desigualdad. Nunca hablan de desigualdad social, para ellas el problema es la pobreza como un fenómeno aislado de la estrategia económica de la política pública”, dice el investigador.
En la ambiciosa creación y concentración de relaciones formales e informales (networking), Arias también cuestiona el lugar del Estado.
“Estas alternativas pretenden muchas veces posicionar al sector empresarial como el actor legítimo en la respuesta de problemas sociales y ambientales… ¿Hasta qué punto eso cuestiona el papel del Estado como el gestor de soluciones concretas y reales? ¿Dónde queda el papel y rol de las organizaciones ambientalistas, sindicales, entre otras?”, cuestionó Arias.
Transparencia sería posible con publicidad
La AED aparece en notas de prensa, fotografías del Poder Ejecutivo y menciones públicas. No obstante, la información consolidada sobre cómo gestionan sus proyectos —y con ello, el dinero y recursos públicos involucrados— es, en el mejor de los casos, incompleta.
Este es el caso del proyecto Formación Dual, en acompañamiento con la Cámara de Industrias y con el soporte público del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Según información de AED, su aporte al proyecto durante el 2019 fue el “diseño y presentación del protocolo”, que regula dicho proyecto.
Según la información compartida por Gobierno, tras la firma de la Ley de Educación y Formación Dual en setiembre del 2019, la mención a AED es nula.
AED dice en una memoria de sus labores del 2019 que ese año se benefició a “22 jóvenes que se encuentran en un proceso de formación en el INA” con la “formación práctica de mentores en la empresa”.
“Me preocupa que los resultados de los convenios no se anticipen para conocer el alcance de las ayudas. Me preocupa no saber si existen conflictos de interés, si me están beneficiando en algo que puede beneficiar a alguna de las empresas que están involucradas en estas asociaciones”, dijo a este semanario el máster en política económica y exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez.
¿Cuál es la solución? Un debido seguimiento y transparencia de cómo se involucra el sector privado con el público. Una situación que es difícil de perseguir desde la prensa, la sociedad civil e inclusive desde otras organizaciones, porque las reuniones y relaciones se gestan desde el ámbito informal (familiar inclusive).
“En aras de evitar problemas, es muy importante que haya total transparencia en estos procesos de ayuda y que se transparenten eventuales conflictos de interés, porque los hay. Nadie puede decir que no los hay. Cuando un gobierno toma una decisión de política económica, por ejemplo, siempre hay alguien que se ve perjudicado y alguien beneficiado. Es importante que las decisiones transparenten ganadores y perdedores”, asegura Rodríguez.
La constelación de empresas que dirige AED
La AED tiene un órgano directivo y una serie de comités. En los comités aparecen empresas para temas de incidencia (con representantes de Coca-Cola; APM Terminals, Telefónica, Grupo ICE, y otras); ambiente (Gerardo Miranda de Fifco y Óscar Hidalgo de la cooperativa Coopeservidores comparten allí); sociales (de Rostipollos aparece Alexandra Kissling, hija de William Kissling, fundador del Incae); el bufete BLP participa con Vivian Liberman (hija del exvicepresidente y banquero Luis Liberman), entre otros.
| Presidencia: Franco Pacheco
Aparece en Cacia, Uccaep, la Cámara de Comercio de Costa Rica. Es dueño de Musmanni y primo del expresidente Abel Pacheco. |
Secretaría: Philippe Garnier
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Tesorero: Alberto Borbón de Hulera Costarricense. Vocales: Alexandra Kissling, de Rostipollos. Oscar Hidalgo, de Coopeservidores. Mayela Rojas, de Grupo Mutual. Maybelle Alvarado, de Banco Popular. Silvia Chaves, de Florex. Aurelia Garrido (independiente, exviceministra de Cultura). Samuel Bermudez, de Gensler. Tatiana Fishman, de Kapital Group. Alejandra Vargas, del Instituto Vargas Matamoros. Cecilia Mora (independiente). Pablo Gazel, de Consortium Legal (otrora socio del bufete Mossack Fonseca, mencionado como tal en los Panama Papers). Vivian Liberman, de BLP Abogados. |
Presidente y CEO de Garnier & Garnier. Es el hijo del ministro de Enlace con el sector privado, André Garnier.Nota de edición: la mañana del miércoles 15 de julio, la agencia de comunicación CCK, representante de Proyecto Papagayo, informó a UNIVERSIDAD que esta nota consignó erróneamente que su desarrollo tenía relación Aldesa. La respuesta pide “que quede claro que no existe relación entre las empresas mencionadas y que más bien, Ecodesarrollo Papagayo está comprometido son la sostenibilidad y conservación ambiental en la provincia de Guanacaste”. Esta información fue corregida.
