Una décima parte de las 118 empresas que conforman la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) provienen del sector público. Ese número, apenas una de tantas coincidencias que tiene AED con el aparato estatal, está conformado por cinco de las marcas más grandes y familiares del país: Grupo ICE y sus subsidiarias, el Instituto Nacional de Seguros y sus subsidiarias, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular (es decir, los tres bancos públicos).
¿Por qué un mismo conglomerado de empresas privadas acapara membresías con cinco corporativos públicos y posibles convenios con al menos otras 19 instituciones? ¿Existe difuminación entre los objetivos que persiguen las empresas privadas para su beneficio y las líneas políticas del sector público?
En entrevista con UNIVERSIDAD, la directora de AED, Olga Sauma Uribe, asegura que trabajan como un “articulador” de iniciativas.
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“Después de tanto tiempo de estar trabajando en esto sabemos quien puede ser un buen socio para los diferentes temas, por lo que buscamos ser articuladores”, afirma Sauma.
La actual administración de Carlos Alvarado tiene en sus filas ejecutivas a tres caras vinculadas con el grupo empresarial: la viceministra de Presidencia, Silvia Lara (quien fungió como directora ejecutiva y vicepresidenta en los años que no estuvo en el sector público); el recién nombrado ministro de Hacienda, Elián Villegas (quien tuvo un puesto en directiva, precisamente por ocupar la presidencia ejecutiva en el INS) y, por último, el ministro de Enlace con el sector privado y directivo de Horizonte Positivo, André Garnier (padre y asociado del presidente y CEO de Garnier & Garnier, Philippe Garnier, ahora secretario de AED).
Sauma asegura que estos nexos son poco importantes para la operación de sus proyectos.
De hecho, como un amortiguador para estas relaciones, AED cuenta con declaratoria de utilidad pública desde el 2012, firmada por la entonces presidenta Laura Chinchilla, en virtud de que “solventan una necesidad social de primer orden”. Con este legitimación presidencial, AED está exenta de pagar impuesto de renta y debe invertir todas sus ganancias en fines públicos o de beneficencia (AED describe que sus ingresos anuales de ¢918 millones apenas generan una ganancia de ¢3,5 millones).
Sauma, en entrevista, afirmó que los vínculos más importantes que tiene la Alianza no pasan por la mediación con Presidencia sino que las sostienen directamente con los ministerios y estas buenas relaciones con el Ejecutivo son palpables.
Para celebrar los 20 años de la agrupación (en el 2018), el presidente de la República Carlos Alvarado hizo aparición en un video junto con otras figuras políticas —la ministra de Planificación, Pilar Garrido; y el entonces presidente del INS, Elián Villegas— para reconocer el trabajo de AED como el articulador que Sauma dice que es.
“El aporte de AED ha sido clave y estratégico para el desarrollo de Costa Rica. Yo personalmente he visto sus proyectos e iniciativas en campos como la educación, el ambiente, género, lucha contra la pobreza, entre otros, que han conjugado lo mejor de la alianza de lo público y lo privado para sacar lo mejor que tiene Costa Rica para ofrecer. Espero que el trabajo de AED se prolongue por muchísimo más tiempo para el beneficio de todos los costarricenses”, afirmó el mandatario.
En ausencia de convenios y con cifras que no calzan
Consultada por este medio sobre los convenios vigentes de AED con el sector público, Sauma prefirió enviar una memoria de trabajo de la institución del 2019.
En este documento, AED enumera hasta 24 instituciones involucradas en 25 ambiciosos programas de educación, trabajo, transporte, salud, ambiente, género, diversidad sexual, finanzas, economía, entre otras.
“La primera vez que establecimos un convenio fue en el 2007, con el Ministerio de Educación Pública (MEP). Se dio después de que presentamos un proyecto junto con Asociación Nacional de Educadores (ANDE), se firmó un primer convenio y comenzó la relación. De ahí en adelante siempre hemos tenido relación”, dice Sauma sobre los 13 de años de trabajo con Gobierno.
Sumando información de las instituciones con membresía, de AED y el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), es imposible asegurar cuánto dinero fluye en total desde Gobierno hacia la Alianza, o viceversa.
De acuerdo con AED solo en el 2019, recibieron ¢113 millones de sus alianzas públicas.
“Lo facturado a empresas del sector público corresponde a $193.498 en el periodo enero a diciembre del 2019 incluyendo ambos rubros (contrataciones y membresías)”, respondió la directora Olga Sauma a una pregunta digital.
Por otro lado, la referencia de SICOP describe un total de 19 contratos por un valor de ¢142 millones.
En ausencia de un consolidado de convenios, este artículo tampoco puede concluir cuánta información obtiene AED de las instituciones con las cuales negocia políticas público-privadas.
Miembros públicos pagan hasta ¢17 millones a AED
UNIVERSIDAD consultó a las corporaciones públicas cuánto pagan por las membresías que requiere AED.
INS respondió que: “En este momento mantenemos una membresía corporativa suscrita del 2017 al 2020, esta incluye no solo INS casa matriz, sino también a las cuatro subsidiarias y por la cual se cancelan anualmente $25.000 (equivalente a ¢14,6 millones según el tipo de cambio actual).
En el caso de Grupo ICE, los pagos costeados son de de $17.000 para el 2018 (cuando se pagó por el Instituto Costarricense de Electricidad, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Racsa y Cable Visión); de $20.000 en el 2019 (ICE, CNFL, RACSA) y de $24.958 (ICE, CNFL, RACSA).
Los bancos también pagaron por sus asociadas de valores y seguros.
Tras la publicación de este artículo, el miércoles 15 de julio, UNIVERSIDAD recibió la última consulta del Banco de Costa Rica, quien afirma que tienen una contratación desde el 2019 “Por un monto de $33.252 (¢19.518.924), la cual se pagó mensualmente contra un cronograma de trabajo acordado del 2019-2020”.
El Banco Popular asegura que mantiene la membresía desde hace tres años y que paga por el banco “$15,000; por su parte, cada sociedad anónima (Popular Pensiones, Popular Valores, Popular Seguros, Popular Sociedad Fondos de Inversión) paga $2.500 anualmente, para un total como Conglomerado Financiero de $25.000 por año”.
En el caso de Banco Nacional, esto también corresponde a ¢16 millones en el 2018, ¢15,6 en el 2019 y a ¢17,2 millones para el año 2020.
Banco Nacional también adjuntó un desglose de contrataciones por ¢70,1 millones, entre el 2018 y el 2019. Nacional asegura que “las contrataciones se gestionan por medio del SICOP”.
No obstante, en SICOP únicamente hay registro de dos trámites del 2018 y el 2019, por ¢51 millones.
De hecho, el sistema de compras públicas apenas enumera 25 contrataciones con AED, desde que se incorporó como contratista en el 2014. 19 contratos tienen fechas que datan desde el 2018, incluyendo el contrato más jugoso que ha obtenido la organización de empresarios —¢139 millones para “servicios de operación de Centros de Desarrollo Empresarial” con el Instituto Nacional de Aprendizaje (tras la publicación de este reportaje, INA envió a UNIVERSIDAD información de que esta contratación no fue adjudicada a AED)— y el más insignificante —¢1 para la “compra de diarios alimenticios” durante la pandemia por COVID-19 con la Comisión de Nacional de Emergencias—.
Las caras visibles de AED en el Poder Ejecutivo
Dos ministros y una viceministra de la actual administración Alvarado Quesada mantuvieron relaciones cercanas con AED, en diferentes puestos dentro de la junta directiva o mediante relaciones familiares con sus miembros.
Silvia Lara Povedano:
Puestos públicos: Actual viceministra de la Presidencia. Ocupó los cargos de directora técnica del Instituto Nacional de Mujeres (Inamu) en la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), la presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en la administración de Abel Pacheco (2002-2006) y fue candidata a vicepresidenta del partido Liberación Nacional para las elecciones del 2014.
Relación con AED: Miembro activo del grupo por cerca de 12 años. Desde el 2010 ocupó el cargo de directora ejecutiva y del 2017 al 2019 se desempeñó como vicepresidenta de la Alianza. Este era el puesto en el que se encontraba cuando, en setiembre de 2019, el presidente de la República, Carlos Alvarado, nombró a Lara como viceministra.
Elián Villegas:
Puestos públicos: Actual ministro de Hacienda y ex presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS). Fue director del Departamento de Oferta Pública de la Superintendencia General de Valores (Sugeval). En la Asamblea Legislativa fue asesor del exdiputado liberacionista Jorge Rossi Chavarría (durante el gobierno de Óscar Arias en los 80s). Asesor, Dirección de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior.
Relación con AED: Durante su presidencia en el INS ocupó el cargo de vocal de la junta directiva de AED, en el período 2017-2019.
André Garnier:
Puestos públicos: Actual ministro de enlace con el sector privado.
Puestos privados: está junta directiva de Garnier & Garnier y en Florida Ice and Farm (Cervecería de Costa Rica); presidente de Horizonte Positivo, directivo en Purdy Motor; expresidente de Avon y fue director de Lead University.
Relación con AED: Su hijo, Philippe Garnier, se desempeña como secretario de la junta directiva de la Alianza, en representación de su empresa familiar Garnier & Garnier.
Nota de edición: el miércoles 15 de julio, INA pidió aclarar que “es incorrecto afirmar que el INA tiene una contratación vigente con AED”, en tanto un concurso por ¢139 millones no fue adjudicado. UNIVERSIDAD también solicitó los convenios de INA con el grupo empresarial, INA afirmó que esta información será entregada posteriormente.
