La Superintendencia General de Pensiones (Supen) presentó ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) un análisis sobre posibles escenarios para solventar a largo plazo la sostenibilidad del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), uno de ellos plantea trasladar los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Fodesaf es un fondo creado para financiar los programas de atención social para familias vulnerables, así como para brindar las pensiones no contributivas, dirigidas a personas que durante su vida productiva no pudieron cotizar al sistema por diversas razones.
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Este fondo es costeado con el traslado de una parte de los ingresos de la Hacienda Pública, por concepto de impuestos, así como por el aporte de patronos privados y públicos.
Dentro de ese mismo escenario planteado por la Supen también se incluía el traslado de los recursos que se dan al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y que este fuera financiado por los dineros del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) que corresponden a inversión en educación.
La propuesta generó una serie de alarmas para el representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la Caja, Mario Devandas, quien indicó a UNIVERSIDAD que para el régimen IVM recibir esa cantidad de recursos sería muy positivo, sin embargo, podría significar eliminar programas de atención a la pobreza.
“Esta reunión se dio a solicitud de la Supen y nos hicieron una serie de observaciones sobre el IVM y los estudios actuariales existentes, incluyendo la opción de trasladar los fondos de Fodesaf y la plata del INA para el régimen. Al cuestionarle cómo se financiarían los programas de atención a la pobreza, me indicaron que podría ser a través de otros impuestos. Para mí están hablando de eliminar una de las principales reformas sociales que se obtuvieron años atrás en el país”, indicó Devandas.
Desde su perspectiva, este planteamiento de la Supen asombra, porque Fodesaf financia las pensiones del régimen no contributivo, asegura a indigentes y a las personas que no tienen dinero; además, traslada parte de sus recursos al IMAS para el combate a la pobreza.
Adicionalmente, el planteamiento de un escenario en el que se desvíen los recursos que se trasladan al INA implicaría que la educación técnica debería incluirse al 8% que se destina a la educación nacional, lo que a criterio de Devandas sería un golpe directo al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y a la estabilidad de las universidades estatales.
“Claro que una propuesta de este tipo requeriría cambios en la ley, pero para llevarla adelante deberían pensar cómo financiar los otros programas y definitivamente esto es algo que tiene que entrar al debate nacional, porque siento que está englobado en el ataque que ha venido experimentando el sector público”, señaló el directivo.
“Supen solo planteó escenarios”
De acuerdo con la Superintendente de Pensiones, María del Rocío Aguilar, ellos sí solicitaron la cita con la Junta Directiva de la Caja, con el fin de plantearles una serie de reflexiones de carácter general sobre las oportunidades de sinergia que podrían establecerse entre el IVM y la Supen (dado que este órgano solamente lo supervisa, pero no lo regula a diferencia de las operadoras de pensiones complementarias).
En su criterio, es vital valorar diversos escenarios para lograr la sostenibilidad del IVM a largo plazo, pues según los mismos estudios de la Caja hay un importante déficit actuarial que debe solventarse con diversas medidas.
“Abordamos con ellos una serie de escenarios que nosotros valoramos y el impacto que tendrían para ampliar la vida a la reserva del IVM, porque es con ella que se enfrentan las pensiones. Uno de los escenarios que llamamos cambios en el perfil de beneficios generaría un impacto positivo, pero no será la solución porque el sistema ya es maduro y tiene una cantidad importante de pensiones activas”, indicó la superintendente.
Añadió que cualquier cambio que se implemente será solo para los futuros pensionados y podrían relacionarse con ajustes en el salario de referencia que utiliza hoy la institución: hacer incrementos contributivos, manteniendo los convenios que el país ha firmado o hacer una redistribución de cargas.
“Pero el sistema ocupa más ingresos y no se pueden cargar a la planilla —dijo Aguilar— porque un aumento de cuotas generaría un incremento de la informalidad. Por ello, hablamos de la posibilidad de tomar los recursos del aporte que se hace desde las planillas a otras instituciones; pero claro, esto no es una decisión ni de la Supen, ni de la Caja, solo medimos el impacto que podría generar”.
La jerarca fue enfática en que estos dineros son cargas que ya están pagando los patronos y que se van a diferentes programas; la idea es que se fueran directo a la Caja para atender el IVM, pues un aumento de cuotas o edad de cotización no bastará para mantener la solvencia del régimen.
“Nosotros no hicimos ninguna propuesta, solo evaluamos escenarios y uno de ellos fue el traslado de esos dineros, pero sin desproteger a otros grupos. Es un tema que se puede estudiar, porque años atrás Ottón Solís llevó adelante un proyecto que mantenía los beneficios para las personas que recibían transferencias con una simple reorganización del sector. Por lo tanto, considero que es posible que las iniciativas se logren a través de eficiencias y ahorros en otros rubros”, argumentó la superintendente.
Eso sí, recordó que, si no se corrige el problema de sostenibilidad de las pensiones, en el mediano plazo el país podría sufrir el agotamiento de sus reservas y poner en jaque al sistema.
Tanto representantes de la Supen como de la CCSS acordaron establecer una serie de reuniones de los equipos técnicos actuarios para revisar las bases comunes de los supuestos que cada uno ha planteado y establecer de manera conjunta soluciones.
¿Quitar financiamiento al INA?
Luego del planteamiento de escenarios por parte de la SUPEN a la Junta Directiva de la CCSS para dar solvencia al régimen de pensiones del IVM, UNIVERSIDAD le preguntó a la Superintendente sobre la posible afectación de una medida que desfinanciaría al INA, es decir a la educación técnica nacional.
Ante este cuestionamiento, María del Rocío Aguilar, Superintendente de Pensiones indicó que al ver el envejecimiento de la población y el cambio demográfico que experimenta el país es viable pensar en el redireccionamiento del INA, para que se absorba con el 8% del PIB destinado a educación.
“Son decisiones de enorme trascendencia para el país, pero es importante que se discutan, valoren y evalúen porque de lo contrario no será posible dar sostenibilidad al régimen. También hay que recordar que Costa Rica tiene un sistema multipilar, que incluye el régimen complementario del ROP, el cual irá cobrando mayor relevancia con los años”.
