El también presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) explicó el enfoque que sigue la administración para abordar el problema de la pobreza, una de cuyas prioridades es perfeccionar el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
¿Tener un 21% de la población en la pobreza desde hace 25 años indica el fracaso de la política social?
—El estancamiento de la pobreza en el umbral del 21% debe ser entendido como el reto compartido del país y no solo de un sector de la institucionalidad pública.
El Estado de la Nación nos ha demostrado que sin esa inversión los niveles de pobreza serían mayores en el país en un 4%.
La política social se orienta a garantizar derechos fundamentales de la población desde la protección y la promoción social. Los programas y servicios sociales buscan el cuidado y desarrollo infantil, la permanencia en el sistema educativo, el acceso equitativo y oportuno a servicios de salud, la atención de necesidades básicas de las familias, la protección básica a nuestros adultos mayores sin pensión, la inclusión social de nuestra población con discapacidad y la reducción de las desigualdades en poblaciones indígenas y afrodescendientes. Que todo esto genere a su vez acumulación de capacidades y herramientas para que -en algunos casos a corto y en otros a mediano plazo- miembros de esos hogares sean los protagonistas de su movilidad social mediante el vínculo con el empleo y la generación de emprendimiento.
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¿Cuál es el monto del gasto social que se invierte en los salarios del funcionariado que trabaja en los programas sociales versus el monto que se invierte directamente en los beneficios que recibe la población pobre?
—No contamos con el dato de todo el sector. En lo que respecta al IMAS son 202 personas cogestoras sociales que atienden en promedio a 170 familias de la Estrategia Puente al Desarrollo y 268 profesionales ejecutoras en trabajo social.
Puedo decir que el IMAS cuenta con una norma de ley que el exige que no puede utilizar más de 30% de sus recursos para operación y administración de los programas que opera. Sin embargo, grandes esfuerzos por la eficiencia nos permiten destinar únicamente un 20% del presupuesto a gasto administrativo y operativo, de lo cual únicamente 8% se dirige a salarios.
Dado el cambio demográfico y el cambio tecnológico, ¿es necesario revisar los enfoques y diseños de los programas contra la pobreza?
—Este es un imperativo para el mejor aprovechamiento y el mayor impacto de los recursos de inversión social. Hoy, herramientas como el Sinirube nos dan la posibilidad de iniciar una política social de precisión captando y atendiendo de manera integral a las familias.
Esta información plantea el reto de planificar y presupuestar los recursos de nuestras instituciones, financiadas principalmente por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), ya no a partir de ejecuciones históricas o asignaciones nominales o porcentuales que hoy son predeterminadas por ley, sino en razón de las necesidades.
La directriz que presentamos este mes de octubre para extender la obligatoriedad del uso del Sinirube para calificar la situación de pobreza será un primer paso en el aprovechamiento de estas herramientas para ejecutar los recursos del Fodesaf con pertinencia.
¿Qué falla en los esfuerzos destinados a erradicar la pobreza entre las mujeres?, quienes sufren más desempleo al mismo tiempo que se hacen cargo de otras personas.
—La política social ha enfocado su intervención en hogares con jefaturas femeninas. Por ejemplo, el 80% de las familias de la Estrategia Puente al Desarrollo son jefeadas por mujeres. Sin embargo, uno de los principales retos está en la incorporación de más mujeres al mercado de trabajo. Es en este ámbito en que se deben romper ciertas barreras culturares y sociales como es el caso de los roles de género en las labores de cuido.
El concepto de la corresponsabilidad social de los cuidados debe generar una mayor movilización de actores sociales y recursos para garantizar la sostenibilidad de servicios para nuestra población en dependencia, sea temporal o permanente: niños, niñas, personas en situación de discapacidad, personas adultas mayores, o que requieren cuidados de larga estancia, siendo la atención de estos grupos la injusta delegación que históricamente las familias y sus entornos han asignado a las mujeres.
