Un análisis de los datos entregados por la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) muestra que 57 transportistas operan las 130 rutas que todavía funcionan por adjudicación con un permiso de la Contraloría General de la República (CGR). Estos trasladan a 13.669 y reciben por ello un pago anual total de ¢3.496 millones.
Tres transportistas acaparan casi el 30% de los desembolsos que realiza el MEP por este servicio.
El empresario con más ingresos es Rafael Ángel Arguedas Rodríguez, quien opera 16 rutas con 1.662 estudiantes, por las que recibe un monto anual de ₡424,8 millones.
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Arguedas tiene a su cargo el transporte de centros educativos del sur del país, en lugares como Guaycara de Golfito, Platanares de Pérez Zeledón y Quepos.
Su caso ejemplifica las disparidades que se generan por la falta de una metodología clara, pues el empresario tiene contratos por dos rutas en el Colegio Guaycara, ambas de 25 kilómetros, solo que una se realiza de día y otra de noche.
Por la primera, el MEP le paga ¢2.000 por estudiante, lo que se traduce en ¢48 millones anuales porque transporta a 120 alumnos, pero por el viaje nocturno, a pesar de ser la misma distancia, le paga ¢1.142 por estudiante, lo cual significa ¢21,7 millones al año porque traslada a 95 pasajeros.
Además de estos contratos, Arguedas también opera rutas de transporte público regular de las que funcionan con subsidio a estudiantes, según comentó Armando Guevara, administrador de las empresas de Arguedas.
En segundo lugar, por cantidad de ingresos, se encuentra la Empresa Autotransportes Santa Gertrudis Ltda., la cual tiene a su cargo 13 rutas en la zona de Grecia en las que viajan 1.627 estudiantes y por las cuales recibe anualmente ¢358,8 millones al año.
En su caso, se tienen diferencias como que una ruta de siete kilómetros se pague en ¢1.243 por estudiante, pero otra de 13,8 kilómetros se paga en ¢930 por estudiante.
Marvin Morales, presidente de esa compañía, explicó que hay tarifas fijadas desde los años 2000-2001 que tenían como una de las principales variables el modelo del vehículo. “Era el principal disparador por el que la tarifa varía de una ruta a otra en igualdad de condiciones”, explicó.
No obstante, advirtió que puede haber dos rutas similares en distancia pero con diferencias topográficas que implican que los costos sean distintos.
En tercer lugar en monto de contratos, el autobusero Freddy Antonio Arce Ramírez, quien opera cuatro rutas en Matina y Batán y recibe ¢218 millones al año con 588 estudiantes, según los datos del MEP.
En la modalidad de rutas adjudicadas, el centro educativo en el que se destina más presupuesto del MEP para pago de transporte es el Liceo León Cortés Castro, donde se pagan ¢163,9 millones anuales por cinco rutas que en total llevan a 893 estudiantes. A este le sigue el Liceo de Matina, con dos rutas para 379 estudiantes, por las cuales se pagan ¢155,3 millones, y el Liceo Otilio Ulate Blanco, con tres rutas para 604 estudiantes, que anualmente cuestan ¢135,6 millones.
Luis Ángel Salazar, coordinador de Bienestar Estudiantil del Liceo Otilio Ulate Blanco, comentó que cada mes se hace un reporte de los estudiantes que viajaron y el MEP paga directamente a la cooperativa que brinda el servicio.
Sin contrato con MEP
En el otro modelo en que se trabaja por subsidio directo a cada estudiante y los padres de familia se organizan para contratar el transporte, el MEP desconoce quiénes son los empresarios que brindan el servicio, pues no tiene participación directa ni en la escogencia ni en el pago.
Los datos con los que cuenta la Dirección de Programas de Equidad solo muestran cuánto presupuesto para transporte se emplea en cada centro educativo.
De los 1.210 centros educativos que tienen transporte por medio del pago de subsidio a los estudiantes, en ocho de ellos el monto destinado a este fin supera los ¢200 millones.
La lista la encabeza el Colegio Técnico Profesional de Parrita, donde se emplean ¢352,9 millones al pago de 18 rutas en las que viajan en total 1.067 estudiantes. También están entre los montos más altos el Colegio Técnico Profesional de Acosta, el Colegio Técnico Profesional de Nicoya y el Colegio Técnico Profesional Nataniel Arias Murillo (en Agua Zarcas).
UNIVERSIDAD conversó con las autoridades de algunos de estos centros educativos, quienes comentaron que en algunas de esas zonas hay poca frecuencia del transporte público.
Olgar Sánchez, director del CTP Nataniel Arias Murillo, contó que ese fue el primer colegio que se fundó en la zona y que por eso todavía hay algunas rutas en las que viajan estudiantes desde San Miguel de Sarapiquí.
El director comentó que además es el único colegio que brinda la especialidad agropecuaria en esa área y que por ello no se le puede privar a los estudiantes de recibir ese tipo de educación.
Doris Sánchez, subdirectora del CTP de Acosta, narró que la población estudiantil proviene de lugares como Bajos de Jorco, La Ceiba y Cangreja. “Nosotros somos el único colegio técnico alrededor, hay varios académicos, pero somos el único técnico y entonces los estudiantes optan por venir aquí; y si no vinieran en un servicio como el que les dan estas empresas, no hay transporte”, comentó.
“O por ejemplo en Bajos de Jorco solo hay transporte a las 6 a.m. y 2:30 p.m., entonces, ¿cómo se regresarían los estudiantes?”, señaló.
Colaboró con el análisis de datos para esta información: Laura Campos.
