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Si las nalgas se irritaban o tenían moretones, pastores sugerían pegarles por las plantas de los pies o las palmas de las manos, narran padres de familia.
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Denuncias por maltrato infantil llegaron al PANI, al MEP y la Defensoría de los Habitantes hace 13 años, pero las quejas no fructificaron.
La iglesia Generación 3:16, fundada y dirigida en Costa Rica por el pastor Carlos Manuel Chavarría Fonseca, quien tuvo una activa participación en la pasada campaña electoral, fomenta y enseña a los padres de familia darles golpes a los niños con una paleta de madera para “disciplinarlos”.
El llamado “pastor de los ricos”, quien apoyó al candidato presidencial Fabricio Alvarado en las elecciones del 2018, fue expulsado de la iglesia a finales de junio por aparentes “conductas inmorales”. Este lunes fue detenido e indagado sobre las denuncias por el supuesto delito de abuso sexual en contra de cinco mujeres. El martes se le dictaron dos meses de prisión preventiva, mientras otras dos mujeres se sumaron a las denuncias.
Ahora, a Chavarría se le unen fuertes críticas por la disciplina promovida desde su iglesia, la cual incluye pegarle a los menores, al menos con cinco paletazos en cada corrección. Algunos niños recibían varios castigos al día e incluso, según algunos papás, se les recomendaba que cuando la irritación en las nalgas era evidente o había muchos moretones, continuarán los paletazos en las palmas de las manos o en las plantas de los pies.
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Estos hechos fueron narrados a UNIVERSIDAD por más de una decena de exmiembros de la citada iglesia, quienes además aportaron documentos y audios de estudios bíblicos, donde los pastores entrenan a los papás sobre la disciplina.
Este medio intentó conocer la versión de Chavarría, pero no contestó a las llamadas. También se trató de hablar con Alexánder Sánchez Vargas, uno de los pastores que dictó los talleres sobre la disciplina a los padres de familia, pero no respondió a las llamadas y mensajes enviados a su celular.
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“Visitamos la escuela y hubo un hermetismo total. Los padres de los menores de edad que estaban ahí no quisieron hablar nada y ni siquiera se presentaron a las citas que se les dio para explicarles sobre los derechos de los menores”
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Asimismo, cartas en poder de este medio demuestran que las quejas por aparente maltrato infantil llegaron al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), al Ministerio de Educación Pública (MEP), y a la Defensoría de los Habitantes, desde hace 13 años. No obstante, las denuncias no tuvieron resultados.
En esa ocasión, un grupo de padres de familia pidió la intervención del PANI y de la oficina de la Niñez y la Adolescencia del MEP, ya que la iglesia cuenta con varias escuelas donde se imponían estrictas normas de conducta a los menores.
Aunque en las escuelas no se ejecutaban directamente los castigos, las maestras o tutoras vigilaban estrictamente a los estudiantes y reportaban a los papás lo que consideraban faltas o deméritos para que en la casa se diera la corrección.
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De acuerdo con los quejosos, algunas de las faltas atribuidas a los estudiantes eran ridículas: dejar el borrador en la casa, no comerse toda la comida, tomarse el fresco antes de terminar de almorzar, no memorizar los pasajes bíblicos, hablar en la clase, levantarse de la silla sin ser autorizado, adelantar o retrasar exámenes sin permiso de la tutora.
A esto se añadía una especie de cultura del miedo, pues todo se consideraba pecado. Era prohibido ver y hablar de series de televisión -solo si eran autorizadas por el pastor-, era prohibido escuchar música secular, ir al cine, leer libros -excepto la Biblia o relacionados con la escuela-, era prohibido hablar de sexo o demostrar afectividad por algún compañero o compañera. Cualquier insinuación de roce entre hombres y mujeres, de parejas o de alumnos coqueteando entre ellos era censurado.
Violentar estas u otras prohibiciones era motivo para recibir un demérito en azul lo cual implicaba de cinco a diez azotes, dependiendo de la gravedad de la falta. “En ciertos casos, se pedía castigar por la misma falta, durante varios días”, contó un papá. Aplicar la disciplina formaba parte de los compromisos asumidos por los padres de familia cuando enviaban los niños a esas escuelas.
“Mi hijo era un poco inquieto y llegó a tener hasta 5 deméritos azules en una semana. Cada demérito implicaba 5 paletazos. ¡Imagínese, eran 25 en una semana y con una paleta de madera rígida!”, narró una mujer de apellido Suárez, quien asegura que gracias a su carácter rebelde nunca aplicó todas las disciplinas, lo cual culminó con la expulsión de su hijo de la escuela.
Suárez fue una de las exmiembros de G3:16 que denunció los maltratos y pidió la intervención de las autoridades.
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Para entonces, la iglesia de Chavarría se conocía como Misión Internacional de Discipulado y contaba con tres escuelas de primaria y secundaria: Bethel Christian School, Bethany Christian Academy (ambas en Tres Ríos) y Abba Christian School (Pavas). Bethel cerró hace unos años, mientras Bethany está ahora bajo la administración de otro pastor.
En mayo de 2006, después de conocer la denuncia de los papás, la directora técnica a.i. del PANI de aquel momento, Maritza Vargas, pidió la intervención inmediata en el asunto. Así lo hizo ver en una carta que envió con carácter de “urgente” a la responsable de la oficina local en San José Este, Tatiana Martínez.
“Adjunto le remito legajo que contiene denuncia presentada por varios padres de familia por presuntas violaciones de derechos en perjuicio de personas menores de edad por parte de los encargados del grupo cristiano denominado Misión Internacional de Discipulado”, dice la nota enviada a Martínez.
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“Cuando volví a retomar, pregunté en el PANI y la respuesta fue: ‘No hay ningún expediente, no hay ninguna investigación, no hay nada’. Me fui a buscar personalmente a la muchacha, la morena, y me dijeron que la habían trasladado a Limón. Hasta ahí llegó todo”
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Lo anterior, agrega la carta, “con el propósito de que esa oficina local intervenga con carácter de urgencia la situación, dado la gravedad de lo narrado y la flagrante violación de los derechos en perjuicio de niños y niñas de diversas edades. Para tal efecto, resulta procedente la activación del proceso especial de protección en sede administrativa, con el respectivo dictado de las medidas cautelares de protección dirigidas a los personeros del centro educativo y a los padres de familia que estuviesen tolerando y/o ejecutando acciones u omisiones que atentan contra la integridad física y emocional de sus hijos”.
La directora técnica del PANI, además, solicitó analizar integral e interdisciplinariamente lo acontecido, “con el propósito de interponer las denuncias penales que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente”.
Del caso se dio parte a la directora de la Niñez y la Adolescencia del MEP, Rocío Solís, quien ya conocía la denuncia y se pidió trabajar coordinadamente con esa oficina. La nota también se copió a la Presidencia Ejecutiva del PANI y a la Defensoría de los Habitantes.
UNIVERSIDAD consultó a las tres instituciones sobre el curso que tomó esta denuncia y cuál fue el resultado final.
La funcionaria Tatiana Martínez, quien aún labora para el PANI, dijo que sí se intervino, pero no se llegó a nada porque los papás no fueron a las entrevistas y los niños no confirmaron las supuestas agresiones.
“Visitamos la escuela y hubo un hermetismo total. Los padres de los menores de edad que estaban ahí no quisieron hablar nada y ni siquiera se presentaron a las citas que se les dio para explicarles sobre los derechos de los menores. Se intentó entrevistar a personas menores de edad, hubo como dos nada más, y negaron absolutamente todo sobre cualquier tipo de maltrato que estuvieran recibiendo”, relató Martínez.
Añadió que también hubo reuniones con el Ministerio de Educación y ellos dijeron que no podían hacer nada porque era un centro educativo no regulado y no podían intervenir en los procesos de disciplinar a los menores. “Entonces quedó en nada”, señaló.
De acuerdo con Martínez, el PANI no podía obligar a los papás a acudir a las citas ,ya que carecía de instrumentos legales y para ese momento no existía la ley sobre el castigo físico. Esa legislación entró a regir en setiembre del 2008.
También, se solicitó ver el expediente, pero Martínez dijo que el acceso es privado, solo para las partes.
Por su lado, Rocío Solís, del MEP, declinó referirse directamente al asunto. “Por tratarse de un caso delicado, antiguo y donde participan otras dependencias, la respuesta se da por escrito”, dijo.
La respuesta de la dirección de prensa del MEP fue que “por tratarse de instituciones que no están reconocidas por el Ministerio de Educación Pública, la Oficina de la Niñez, como se denominaba en ese momento a la Contraloría de Derechos, no tenía la potestad de intervenir. Esa competencia le corresponde al Patronato Nacional de la Infancia”.
Y en la Defensoría de los Habitantes no encontraron ningún expediente sobre el caso.
Carolina Malavassi, quien administra dos de las escuelas, dijo en una entrevista en mayo que cada padre es quien pone los límites a los hijos.
Cuando se le insistió sobre el uso de la paleta de madera para disciplinar a los niños, relató que eso no se promueve ni en la escuela, ni en la iglesia. “Cuando la ley dijo no hay disciplina física, entonces, no hay disciplina física y ya”, acotó. Sin embargo, una grabación en poder de UNIVERSIDAD, de mediados del 2015, pone en duda la afirmación de Malavassi.
Este lunes se le volvió a contactar, pero dijo que por recomendación legal no daría declaraciones. “Lo anterior en vista de que ya nos hemos puesto a la orden del Ministerio Público para colaborar en todo lo que sea requerido”, informó.
Expediente perdido
Suárez, una de las madres denunciantes, dijo que ella le dio seguimiento al caso en el PANI, hasta que dieron por perdido el expediente.
“Un día llamé a la señora a cargo, era una morena, le pregunté cómo iba el caso. Me dijo: ‘es increíble, están saliendo sapos y culebras de toda esta información’. A mí me alegró mucho”, contó.
En ese tiempo, dijo, ella estaba en proceso de divorcio y la habían amenazado con quitarle los niños, entonces se distanció un poco del caso.
“Cuando volví a retomar, pregunté en el PANI y la respuesta fue: ‘No hay ningún expediente, no hay ninguna investigación, no hay nada’. Me fui a buscar personalmente a la muchacha, la morena, y me dijeron que la habían trasladado a Limón. Hasta ahí llegó todo”, rememoró la mujer.
Otro exmiembro de G3:16, quien estuvo por más de 20 años en la iglesia y pidió no revelar su identidad, contó que él supo de dos denuncias más tramitadas ante el PANI por el asunto de la disciplina.
Una se habría presentado entre el 2010 y el 2011, en Tres Ríos, por los abuelos de unos niños y a la cual luego se unieron unas tías. Esa denuncia fue contra la escuela Bethel que funcionaba en esa zona.
Según este exmiembro de G3:16, el asunto no pasó a más porque nunca enviaron a un médico forense a revisar a los niños y porque la iglesia habría entrenado a los menores y a los papás sobre qué debían contestar en las entrevistas del PANI.
Los niños debían responder: “a mí no me disciplinan, a mí me dan amor”. “A los papás nos dijeron que no debíamos mentir, pero tampoco contestar a todo. Con estas estrategias la iglesia pudo evadir las investigaciones”, dijo.
Añadió que poco antes de que él dejara la iglesia, en el 2016, se enteró de una tercera denuncia, al parecer puesta por un padre de familia, luego de enterarse de que su hijo era disciplinado con la paleta por parte de la mamá.
“A partir de ese momento, en la iglesia nos pidieron no volver a hablar de disciplina en los discipulados”, sostuvo.
No fue posible corroborar la existencia de estos casos en el PANI, porque la institución requiere la identidad del denunciante o de los afectados para ubicar los expedientes.
Colaboró con esta información: Luis Fernando Cascante.
