Si no se construyera el tren rápido de pasajeros en el país, mejor conocido como tren eléctrico, las pérdidas económicas anuales por tiempos de viaje de las personas y los costos de operación podrían ir desde $496 millones anuales en 2020 hasta $4.200 millones en el año 2045, según proyecciones hechas por el Informe Estado de la Nación de 2018.
Ese fue uno de los argumentos que expuso la Primera Dama de la República, Claudia Dobles, el pasado martes, durante la primera audiencia de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, que analiza el proyecto de ley para el financiamiento del Tren Eléctrico de Pasajeros.
El costo de no llevar a cabo este proyecto, según Dobles, se muestra en los costos que representa la congestión vial en el Gran Área Metropolitana (GAM) para las personas trabajadoras, por ser el tercer país del continente con mayor densidad vehicular por cada 1.000 habitantes, expuso Dobles.
“Este es un tren para la gente, le devuelve el tiempo a las personas, reduciendo los tiempos de traslado de un lugar a otro”, dijo Dobles. Expresó que sería un tren para las mujeres, porque se sabe que la mayoría de usuarios del transporte urbano son mujeres, y este tren les brindaría seguridad, espacios cómodos bien iluminados, para las mujeres que viajan con niños, con adultos mayores, con coches, con las bolsas del supermecrado. También destacó que era un proyecto para los adultos mayores, para las personas con discapacidad y para los estudiantes.
“Este proyecto está enmarcado en una política pública de inversión en infraestructura y la inversión de obra pública como pilar de la recuperación económica. Esta es una apuesta al transporte público, a poner en valor el transporte público y a un pensamiento sistémico del transporte público, ”, señaló Dobles.
En su exposición, la Primera Dama citó que el transporte público es el principal medio y única opción para gran parte de la población de ingresos medios y bajos, pues cerca de un 70% de ese segmento de la población usa transporte público, según el Estado de la Nación.
El martes inició el período de audiencias en la Comisión que analiza el proyecto de Ley para la aprobación del empréstito con el Banco Centroamericano para la Integración Económica (BCIE) para el Tren Eléctrico de Pasajeros (Expediente 21.958). Además de Dobles, comparecieron la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) Elizabeth Briceño, y el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.
La movilidad urbana a futuro
Dobles se refirió también al impacto que está teniendo y a los cambios que generará la pandemia del COVID-19 en las formas de movilidad urbana y a esas consideraciones en el marco de los escenarios de demanda de un tren eléctrico.
“Es cierto que la crisis del COVID-19 está transformando la manera en que nos movilizamos; pero en las discusiones que están teniendo los expertos en el mundo en ninguna circunstancia se deja de hablar del transporte público”, aseguró.
Mencionó que se habla de impulsar más el uso de bicicletas y la peatonización, que se ha generado una conciencia importante sobre la calidad del aire, y que podríamos transicionar más rápido hacia un sistema de cero emisiones.
“Pero la realidad es que la pandemia tampoco durará toda la vida y lo que tenemos es que planear a futuro”, afirmó.
También se refirió a consideraciones que discuten expertos internacionales y citó al centro de pensamiento o “think tank” Compañía de Movilidad Urbana, que afirma que, si bien a corto plazo podría existir una transición de la demanda a vehículo privado, esto no será sostenible a largo plazo por el impacto en la congestión y por el presupuesto personal y familiar.
El tren rápido conectaría 15 cantones del Gran Área Metropolitana, de cuatro provincias y su trayecto será de doble vía sobre 84 kilómetros en el derecho que hay de actualmente. Brindaría servicio por al menos 18 horas diarias, los siete días de la semana, con frecuencias de cinco minutos en hora pico para días laborables. Tendrá una capacidad de 600 personas por tren y espera transportar más de 200.000 personas por día.
Durante la audencia del martes se informó que el Gobierno tendría que dar un subsidio estatal, que podría oscilar entre $50 y $150 millones anuales, para que las tarifas del tren eléctrico de pasajeros sean accesibles a una mayor cantidad de usuarios. Ante consultas de las y los diputados a la Primera Dama y a la presidenta del Incofer, Elizabeth Briceño, sobre la fuente de financiamiento de este subsidio, la segunda respondió que sería el presupuesto nacional.
